La Unión Europea adopta un régimen global de sanciones de derechos humanos

El 7 de diciembre de 2020, el Consejo Europeo adoptó la Decisión (PESC) 2020/1999, que establece un marco para medidas restrictivas específicas destinadas a hacer frente a violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo. El reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Las violaciones y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo siguen siendo motivo de gran preocupación, en particular por la importante implicación de agentes no estatales en abusos contra los derechos humanos a escala mundial, así como por la gravedad de muchos de estos actos.

Dicha decisión establece el bloqueo de fondos y recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que sean responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos, que apoyen tales actos o estén implicados en ellos de cualquier otro modo, además de la prohibición de poner fondos y recursos económicos a su disposición, así como de aquellos asociados con las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos a los que se impongan.

El consejo de la Unión Europea determina que los Estados miembros serán los que establezcan las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

El reglamento entro en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 8 de diciembre de 2020, y será aplicable hasta el 8 de diciembre de 2023 y estará sujeto a una revisión continua.

En España se aprobó en junio de 2017 el I Plan nacional sobre empresas y derechos humanos por parte del gobierno, cuya actualización estaba prevista para 2020. Actualmente según el estudio, Comunicando el Progreso 2019 de la Red Española del Pacto Mundial, alrededor de un 85% de las empresas adheridas a la iniciativa cuentan con políticas o prácticas en materia de derechos humanos y un 28% lleva a cabo programas de capacitación y concienciación para la plantilla. Sin embargo, solamente un 9% lleva a cabo evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos en sus actividades, cifra que desciende hasta el 7% en el caso de las pymes. Los datos reflejan como los Principios Rectores no han sido implementados de forma amplia por el sector empresarial, ni por parte de los gobiernos.

Durante los últimos años se han ido observando mejoras en cuanto al establecimiento de acciones y políticas en materia de derechos humanos, pero a día de hoy, todavía queda mucho trabajo por hacer para poner en marcha una gestión óptima y un control eficiente de los derechos humanos en las empresas.

Por lo tanto, después de observar estos datos, se evidencia la necesidad de facilitar a las empresas de un método eficiente y sencillo para poder realizar evaluaciones de los impactos en materia de derechos humanos de sus actividades y relaciones comerciales.

Desde Crowe, hemos elaborado un producto que permite a las empresas realizar de forma sencilla la debida diligencia en la temática de derechos humanos, en el cual se evalúa el impacto de sus actividades y de sus relaciones comerciales en dicha materia.

El producto permite elaborar un informe con la evaluación en materia de derechos humanos, respondiendo a un cuestionario y aportando la documentación necesaria para verificar la información. A partir del informe las empresas podrán establecer un plan de acción para resolver los impactos negativos, que les aportará valor, además de transparencia y ahondamiento en el campo ético y en buenas prácticas.