La Directiva (UE) 2019/1937 “Whistleblowing” y la Ley 2/2023
A partir de una propuesta para la protección de denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes, la Unión Europea estableció una Directiva para protección del denunciante que obliga a las empresas a contar con sistemas de gestión de Compliance y a implementar su propio canal de denuncias, facilitando así a los empleados el ejercicio de denunciar e informar de forma anónima acerca de las conductas e infracciones sucedidas en la organización.
Esta Directiva fue transpuesta en España mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE núm. 44 de 21.02.23), vigente desde el 13.02.23.