Más economía, menos política

En el artículo publicado en La Vanguardia, el miércoles 19 de Julio, Carlos Puig de Travy resalta que las previsiones de las grandes instituciones económicas van al alza y se espera que la economía presente más dinamismo en lo que queda de año. Sin embargo, parece que España no será capaz de equilibrar las cuentas públicas, tal y como se comprometió el Gobierno español ante la Comisión Europea en abril.

El Programa de Estabilidad remitido entonces estimaba que, después de haber cerrado en 2022 con un déficit público de un 4,8%, continuaría la tendencia descendente en 2023 hasta fijar un desequilibrio entre un 3,9% y un 3%. En cualquier caso, el próximo año deberá realizarse un ajuste del gasto del 0,7% del PIB, es decir, de unos 9.300 millones de euros. Una cifra que deberá tener muy presente el futuro gobierno del Estado. También tendrá que hacer frente al riesgo de un ritmo de acumulación aún superior en los próximos años por las necesarias políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, las crecientes necesidades asistenciales por el envejecimiento de la población, el refuerzo de la seguridad y defensa europeas y por el gasto presente y futuro de las pensiones públicas. Ante la realidad, el próximo Ejecutivo deberá revisar tanto las políticas de gasto como las de fiscalidad y convertirlas en herramientas para contribuir a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, el ahorro de la ciudadanía y la sostenibilidad económica de los servicios públicos esenciales. 

El Gobierno que salga de las elecciones generales del 23 de julio debe tener clara la apuesta por la aplicación eficiente y transparente de los fondos europeos, las políticas activas de empleo, la generación de más vivienda social, la protección de la industria, la eficiencia de la administración pública o el impulso de infraestructuras clave, como el corredor mediterráneo y, en Cataluña en concreto, la ampliación del aeropuerto o de los servicios de Cercanías. 

Necesitamos políticas que impulsen el crecimiento económico sostenible, que fomenten la innovación, la investigación, la inversión en tecnología y la creación de empleo de calidad con mayor colaboración entre el sector público y el privado. Es imprescindible eliminar barreras burocráticas y generar incentivos a la inversión nacional y extranjera, así como fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. 

Otro aspecto muy relevante es la formación de calidad y adaptada a las necesidades del mercado laboral, vital para generar talento de utilidad para el progreso del país. Sin olvidar nunca el desarrollo de políticas sociales inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades, reduzcan la pobreza y la desigualdad económica y protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por todo ello, necesitamos una vez por todas una reforma fiscal coherente y completa en España, que mejore la seguridad jurídica y dote de mayor estabilidad al sistema fiscal. También es imprescindible llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica, obsoleta e injusta, y dotarlo de proporcionalidad. 

En definitiva, después del 23 de julio necesitaremos más sociedad y menos Estado, más acción y menos ideología, más economía y menos política.

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