Cara y Cruz de la sentencia dictada por le TJUE.

Potenciar la I+D+i en España mediante una mejor optimización de los incentivos públicos en los centros tecnológicos

Dirk Saseta, director de Negocio y Operaciones de Leitat | Michaël Djaoui, director del área de “Ayudas e Incentivos” de Crowe
25/11/2024
Cara y Cruz de la sentencia dictada por le TJUE.

En España, y en el mundo, los centros tecnológicos desempeñan un papel fundamental en el impulso y desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Su función principal es actuar como un motor dinamizador de la actividad innovadora en el país, estableciendo relaciones sólidas y sinergias entre el sector empresarial y el académico. Los centros tecnológicos sirven como nexo entre el conocimiento generado en las universidades y las necesidades reales de las empresas, facilitando el acceso a soluciones tecnológicas avanzadas y productos innovadores, potenciando la competitividad y el crecimiento de las industrias.

A través de su labor, los centros tecnológicos proporcionan a las empresas acceso a servicios de I+D+i de alta calidad. Esto no solo permite a las compañías mantenerse a la vanguardia tecnológica, sino que también les ofrece la posibilidad de acceder a estas innovaciones a precios de mercado competitivos. Además, estos centros se comprometen a garantizar altos estándares de calidad en los proyectos que desarrollan, asegurando que los resultados obtenidos se ajusten a las expectativas y necesidades específicas del entorno empresarial. De este modo, los centros tecnológicos son cruciales en el ecosistema de innovación de España, contribuyendo al avance científico y tecnológico del país.

En los últimos diez años, las administraciones públicas y las comunidades autónomas han disminuido de manera significativa sus contribuciones financieras a los centros tecnológicos, tanto a través de subvenciones no competitivas como mediante contratos con empresas públicas (Informe FEDIT, #DESAFÍO2027:Hacia un nuevo modelo de I+D+i). Esta reducción ha supuesto un profundo impacto, debilitando aún más un ecosistema que ya presentaba vulnerabilidades. Este contexto ha generado una presión continua sobre los centros tecnológicos, que deben dedicar muchos recursos y esfuerzos a la búsqueda de financiación, en lugar de centrarse plenamente en sus actividades principales de I+D+i. Con la llegada de los fondos NextGen en una Europa post-COVID, los centros tecnológicos han encontrado una nueva fuente de ingresos, lo que ha permitido obtener mejores resultados en los últimos años. Sin embargo, la necesidad de competir constantemente por fondos limita su capacidad de planificación a largo plazo y pone en riesgo la estabilidad de sus plantillas, compuestas por profesionales altamente cualificados. Los centros tecnológicos están integrados por equipos de investigadores, ingenieros y técnicos con perfiles especializados. Muchos de estos profesionales cuentan con títulos superiores, como doctorados o másteres, y trabajan en áreas punteras de la ciencia y la tecnología, que son fundamentales para el progreso y el desarrollo económico del país. Estas áreas incluyen, entre otras, la inteligencia artificial, la biomedicina y la automoción, que son sectores clave para la competitividad de España en un mundo cada vez más globalizado. Estos profesionales no solo poseen una formación técnica excepcional, sino que también contribuyen a avances significativos en campos de investigación estratégicos para el futuro.

Por lo tanto, debilitar los centros tecnológicos españoles supone que los jóvenes investigadores que desean realizar sus actividades investigadoras en España se vean obligados a emigrar en busca de oportunidades laborales de calidad en el extranjero, en países como Francia, Alemania o Estados Unidos, donde los centros tecnológicos no encuentran tantos obstáculos para ejercer su actividad. Por citar un ejemplo, un estudio realizado por la Fundación Cotec (2022) revela que la inversión en I+D en España es significativamente inferior a la de países como Alemania o Francia.

Si esta tendencia de reducción de financiación continúa, España podría perder su posición competitiva en sectores emergentes como la inteligencia artificial y la biotecnología. Países como Alemania, que invierten más del 3% de su PIB en I+D+i, están logrando avances significativos y atrayendo a los mejores talentos a nivel global.

Para hacer la situación un poco más complicada, los centros tecnológicos tienen acceso a menos incentivos públicos para I+D+i que el sector empresarial español, resultando cada vez más complicado desarrollar estrategias de financiación pública a largo plazo debido principalmente a los constantes cambios normativos y a las crecientes trabas burocráticas. Estos cambios normativos constantes les dejan sin apenas margen de maniobra para planificar de manera estable sus actividades de I+D+i, reduciendo sus oportunidades de acceso a recursos y al apoyo económico por parte de la administración.

La debilitación de los centros tecnológicos afecta directamente a las empresas españolas, especialmente a las pymes, que dependen de estos centros para acceder a tecnología avanzada y servicios de I+D. Sin un apoyo sólido de los centros tecnológicos, las empresas deben asumir mayores riesgos y costos para innovar, lo que reduce su competitividad frente a sus homólogas europeas.

Para evitar la pérdida de valioso capital humano y seguir fomentando un entorno de innovación sostenible, es fundamental revisar y reforzar los mecanismos de apoyo a los centros tecnológicos en su origen, es decir, desde la propia administración pública.

En respuesta a esta problemática, se está promoviendo una solución que busca optimizar los incentivos públicos mediante una estrategia más precisa y estructurada. Esta estrategia consiste en combinar el acceso a subvenciones tradicionales con otros mecanismos complementarios, como las bonificaciones para el personal investigador. Estas bonificaciones permiten una reducción significativa de los costes asociados a la Seguridad Social, de hasta un 50% en las contingencias comunes. Este ahorro puede llegar a representar alrededor de 5.000 euros por investigador y año, lo que supone un alivio financiero considerable para los centros tecnológicos, especialmente en lo que respecta al personal no subvencionado que colabora con el sector privado.

La implementación de esta estrategia de optimización de incentivos requiere una gestión rigurosa y detallada. Los centros tecnológicos deben ser capaces de identificar y clasificar de manera clara a su personal investigador según la tipología de los proyectos en los que estén involucrados. Esto implica una distribución precisa del personal entre proyectos que reciben subvenciones, proyectos que se benefician de bonificaciones y proyectos híbridos que combinan ambas formas de incentivos. Esta gestión eficiente de los recursos humanos es clave para maximizar los beneficios derivados de los incentivos públicos, asegurando que cada investigador se asigne a los proyectos adecuados y que se aprovechen al máximo todas las oportunidades disponibles. Al optar por esta estrategia, combinando varias fuentes de ayudas e incentivos públicos y gestionar cuidadosamente el personal y los proyectos, los centros pueden diversificar su cartera de ingresos y reducir su dependencia de las subvenciones competitivas, caracterizadas por su complejidad.

El Centro Tecnológico Leitat, centro tecnológico más antiguo de Europa y que cuenta con más de 500 profesionales altamente cualificados, ha adoptado esta estrategia durante varios años, obteniendo resultados muy interesantes. Gracias a ello, ha podido desarrollar procesos internos automatizados que les permiten identificar ahorros en cada departamento, laboratorio y proyecto. Esta optimización ha contribuido a mejorar la calidad de su eficiencia operativa y a maximizar el aprovechamiento de sus recursos.

En definitiva, adoptar esta solución representa un enfoque integral capaz de superar las limitaciones actuales y dotar a los centros tecnológicos de herramientas más eficaces para seguir impulsando la innovación. No obstante, su éxito depende de la capacidad de los centros para adaptarse a las nuevas normativas, gestionar de manera efectiva su personal investigador y aprovechar al máximo los incentivos públicos disponibles. Solo de esta forma podrán garantizar su sostenibilidad y seguir contribuyendo al desarrollo tecnológico y científico en España.