En un entorno global como el actual la movilidad internacional de personas resulta cada vez más común, ya sea por motivos laborales, económicos, académicos, familiares o por buscar un entorno jurídico y socialmente más seguro. En numerosas ocasiones, la promoción de la internacionalización choca con el interés de los Estados en no perder contribuyentes y evitar situaciones de fraude fiscal, lo que les lleva a diseñar una serie de mecanismos para retenerlos y/o atraerlos con fines puramente recaudatorios. A esta circunstancia, hay que añadir la complejidad adicional que supone que otra jurisdicción y su sistema tributario también entren en la batalla por adjudicarse la residencia fiscal de una persona física, creando situaciones de doble imposición y en general de clara inseguridad jurídica.
El objetivo de esta sesión es comentar las recientes interpretaciones sobre residencia fiscal que realiza la doctrina administrativa, los órganos de inspección y los Tribunales españoles, así como las diferentes herramientas a disposición del contribuyente y su evolución, para solucionar conflictos de doble residencia o doble imposición propios de esta materia, cuya casuística es profusa y plenamente dependiente de unos medios de prueba que descansan sobre la acreditación de numerosos elementos fácticos.