Nuevamente en la escena latinoamericana se debaten hoy las reformas que dictarán las reglas de juego para el sector productivo y laboral; muchas con el reto de “reparar” los daños de legislaciones anteriores; otras con el de procurar, pese al afectado y cambiante panorama económico, el impulso al empresariado. Colombia recién comienza la socialización y el debate real sobre la suya.
Fue en el presente siglo cuando la legislación laboral comenzó a tomar cara en América Latina tras las demandas de condiciones dignas y mejores para los trabajadores del continente, un proceso naciente que se formalizó con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919.
Para los años veinte y tras los cambios que llegaron con los procesos de modernización política y el intervencionismo cada vez más acentuado de los Estados, las reformas laborales se hicieron hojas de ruta determinantes, aunque no exentas de cuestionamientos.
Para entonces -y como hoy- el dilema fue el aumento o mejoramiento de las condiciones de protección a los trabajadores vs. el aumento de los costos laborales para las empresas que, señalaban, afectaban su competitividad (tal como lo expresan hoy); de hecho, en la década de los 70 y tras la caída del proteccionismo y con la implementación en varios países de políticas neoliberales o liberales radicales, la legislación laboral alcanzó cierto rechazo en distintos sectores, principalmente, entre los generadores de empleo.
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