En Colombia, el papel del revisor fiscal, requerido por ley, adquiere una relevancia para el Estado Colombiano, pues confía en la labor de este profesional que valida con su firma. Esta validación no es trivial, ya que respalda la información para una variedad de procesos administrativos, otorgándole una suerte de credibilidad implícita. Este respaldo implica un exhaustivo trabajo de aseguramiento, que abarca el cumplimiento de los más altos de estándares internacionales de calidad y normativas éticas que exigen un ejercicio profesional independiente y libre de sesgos, a su vez respaldados por pruebas suficientes que dan cuenta de la trasparencia y fiabilidad de la información.
Un trabajo eficiente, independiente y objetivo no solo genera confianza para el Estado, esto trasciende en diversas instituciones, no se debe pensar que se usa principalmente para los procesos de cumplimiento al presentar informes a supervisores o administrar impuestos, también es relevante y quizá más del interés de las posibles inversiones, clientes internos y externos, proveedores, empleados y la sociedad en general. Reconocer la importancia del desempeño organizacional es vital, ya que sus impactos son diversos y afectan la sostenibilidad y el desarrollo económico de la organización y, en consecuencia, el interés nacional en su compromiso con la competitividad y productividad del País.
Por ello, el incumplimiento de las disposiciones normativas que exigen la certificación de información por parte del revisor fiscal puede acarrear sanciones económicas y dificultades tributarias, también pueden afectar el acceso, financiación o el cierre de oportunidades valiosas de inversión, expansión o fortalecimiento. La información sin la fiscalización del revisor fiscal carece del respaldo de aseguramiento, lo que perjudica a todas las partes interesadas.
En conclusión, el incumplimiento de las obligaciones de revisoría fiscal no solo tiene repercusiones económicas directas, sino que también puede impactar significativamente la imagen y la viabilidad a largo plazo de una empresa. Ante estas posibles sanciones, es esencial que las compañías comprendan la importancia de cumplir con disposiciones normativas, y comprender que el papel de este profesional trasciende de esta órbita al emitir con su diligencia profesional una opinión que compromete su Accountability, vende confianza al mercado, dando un parte de trasparencia y por ende aportando con su granito de arena en el camino de la sostenibilidad empresarial que conlleva el crecimiento con fortaleza de las organizaciones en un entorno empresarial cada vez más regulado.
Es crucial resaltar que la revisoría fiscal, como entidad de fiscalización privada, está diseñada para transmitir confianza a los propietarios de empresas en cuanto al cumplimiento de la administración con las normativas legales y estatutarias. Además, se enfoca en preservar los activos sociales y garantizar la seguridad y salvaguarda de la información financiera. Su función va más allá de la supervisión; actúa como un pilar fundamental para la transparencia y solidez en la gestión empresarial.
Por último, es importante tener en cuenta quienes están obligados a contar con un Revisor Fiscal, aquellas sociedades que no sean por acciones deben tener revisor fiscal quienes a 31 de diciembre de 2023 tengan activos iguales o superiores a $5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos), o ingresos iguales o superiores a $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos).
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